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Habeas Corpus - Abogados Penalistas en Mar del Plata

Corresponde revocar la sentencia, que había rechazado el pedido de habeas corpus interpuesto por el líder de la comunidad mapuche, en virtud de su detención y a fin de que se imprima el correspondiente tramite, en tanto que la adecuada solución del caso requiere la realización de una audiencia, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa de la persona privada de su libertad.

Cámara Federal de Casación Penal - Sala II
Buenos Aires, 23 de Agosto de 2017.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 23 días del mes de agosto de dos mil diecisiete, se reúne la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por la jueza Angela Ester Ledesma como presidente y los jueces doctores Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa como vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara doctora Mariana Andrea Tellechea Suárez, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa ng FCR 7226/2017/CA1/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada: "Jones Huala, Francisco Facundo s/recurso de casación", encontrándose representado el Ministerio Público Fiscal por el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, y la Defensa a cargo de la señora Defensora Pública Oficial, doctora Brenda Palmucci.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultaron designados para hacerlo en primer término el juez Alejandro W. Slokar, y en segundo y tercer lugar los jueces Ana María Figueroa y Angela Ester Ledesma, respectivamente.

El señor juez Alejandro W. Slokar dijo:

1) Que por decisión de fecha 11 de julio de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en la causa n° FCR 7226/2017/CA1 de su registro, resolvió confirmar, por sus fundamentos, el auto del juez federal que, en cuanto aquí interesa, resolvió rechazar in limine la presente petición de habeas corpus (fs. 41).

Contra esa resolución, la Defensa Pública Oficial interpuso recurso de casación (fs. 42/46), que fue concedido (fs. 48/49).

2) Que el recurrente señaló que: "_el tribunal no logra conmover las razones que llevaron a plantear la correspondiente denuncia de habeas corpus, en atención a la ilegalidad de la detención que viene padeciendo [su] defendido—".

Sostuvo que: "[1]a sentencia que critica resulta arbitraria por cuanto no da tratamiento al planteo de incompetencia, ni a los agravios respecto a la falta de fundamentación adecuada para mantener el encierro del sr. Jones Huala".

Así, adujo que: "—la detención de [su] defendido resulta ostensiblemente injustificada e ilegal, y por ello debe ser revocada inmediatamente", destacando que cuando: "_un juez ya resolvió disponer la libertad de Jones Huala [—] éste continuó residiendo en el país y llevando su vida con normalidad, de manera tal que no debe modificarse su situación, sin perjuicio del trámite de extradición".

En definitiva solicitó que se case la decisión recurrida y consideren necesarias para hacer cesar actualmente viene sufriendo su asistido y se proceda conforme lo dispone el art. 471 caso al tribunal con distinta composición la detención que , subsidiariamente, CPPP, remitiendo el a la que intervino defina la cuestión disponiendo las medidas que se en la sentencia que ahora impugna, para que realice una nueva sustanciación del recurso.

3°) Que a fs. 63 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa prevista en el art. 465 bis CPPN, y de haber presentado breves notas la defensa.

Así, al defensa reeditó los agravios formulados en el recurso de casación, y agregó que: "[i]a CSJN al dictar el fallo del 3 de agosto de 2017 en el caso de la extradición de Jones Huala reconoce que el titular del Juzgado Federal de Esquel no se pronunció sobre la procedencia o no de la extradición, con lo cual sólo puede interpretarse que reconoce en ese magistrado (y no en otro) la competencia para decidir la cuestión".

En ese sentido, mencionó que: "[a]dmitir que un mismo proceso de extradición se encuentra en trámite ante dos Tribunales distintos implica necesariamente incurrir en strepitus fori, toda vez que distintos jueces pueden arribar a pronunciamientos contradictorios".

En esas condiciones, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas.

Que este colegio ya se ha pronunciado en orden a la admisibilidad del remedio casatorio, maguer la inexistencia de regla expresa que conceda jurisdicción a esta Cámara Federal de Casación Penal (art. 23 del CPPN).

En la ocasión, se indicó -entre otros argumentos- (conf. causa nº 14.805, caratulada: "N.N. s/recurso de casación', rta. 2/2/2012, reg. nº 19.653 y causa nº 16.436, caratulada: "Procuración Penitenciaria 5/recurso de casación", reg. nº 647/13, rta. 22/5/2013) que: "[s]i bien el art. 432 C.P.P.N. ha establecido un régimen de numerus clausus al declarar que 'las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley', ni el hecho de que las decisiones de la naturaleza de la que aquí se pretende impugnar no estén comprendidas en los arts. 457 y ss. C.P.P.N, ni el art. 19 de la Ley Nº 23.098 conducen a la aplicación de tal regla de clausura cuando se invoca una cuestión federal que habilita la competencia de esta Cámara de Casación como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Fallos 328:1108 ('Di Nunzio, Beatriz Herminia s/excarcelación s/recurso de hecho') doctrina que ha sido extendida a las impugnaciones de decisiones sobre hábeas corpus dictadas en el marco de la Ley Nº 23.098, si los agravios invocados aparecen claramente vinculados con una cuestión federal en el caso de Fallos: 331:632 ('Sandoval, Sebastián Ricardo')".

Por lo demás, el recurso de casación ha sido deducido temporáneamente y satisface las demás exigencias formales de interposición del art. 463 del rito.

Que, despejada la cuestión formal de la presentación en trato, deviene necesario relevar las vicisitudes procesales que resultan pertinentes para la solución del sub examine.

Liminarmente, cabe señalar que las presentes actuaciones fueron iniciadas con fecha 2 de julio del corriente año, en el marco de la oportuna acción de habeas corpus deducida por la defensa de Facundo Jones Huela, a fin de que se ordene su inmediata libertad.

Así, luego de la interposición de la acción de habeas corpus (conf. fs. 2/5vta.), el magistrado actuante dispuso, entre otras medidas, que se certifique por conducto telefónico a disposición de que órgano jurisdiccional ingresó el citado a la Unidad n2 14 dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

Que, luego de ser agregada la certificación confeccionada por la Secretaria actuante, de la cual surgía que se había comunicado con la Unidad n2 14 del S.P.F., el Inspector de Servicio Ayudante Mayor Funes le informó que el supra referido estaba a disposición del Juzgado Federal de la ciudad de San Carlos de Bariloche y que en la fecha había mantenido entrevista con su defensor y la visita de familiares con ello, el juez de grado resolvió rechazar in límine la acción de habeas corpus promovida en favor del nombrado Jones Huela y elevó en consulta las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones -art. 10 de la ley n2 23.098- (conf. fs. 7vta. y 23/25vta. respectivamente).

Elevados los obrados, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió confirmar por sus fundamentos lo resuelto en la anterior instancia. Contra aquella decisión la defensa oficial dedujo el remedio en trato.

Que, sentado lo expuesto, de la reseña efectuada se advierte la irregularidad del trámite impreso a la presente causa. Ello así, y en las particularidades de la especie, en razón de la omisión de la audiencia estatuida en el art. 14 de la ley n-c) 23.098 y la falta de tratamiento adecuado de la cuestión invocada por la parte.

En ese orden, y tal el criterio del cimero tribunal, se ha sostenido, mutatis mutandi, que el informe ordenado y realizado luego de la acción de hábeas corpus instada ya constituye un auto de habeas corpus en los términos del art.
11 de la ley /IQ 23.098, pues importa poner en marcha un proceso.

Así, la decisión del magistrado de grado condujo a truncar la actuación judicial prevista para velar por la protección de los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, toda vez que se impidió la audiencia del art. 14 y la consiguiente posibilidad de que se esclareciera -con el resultado de la inmediación en las especiales circunstancias del caso- la situación del amparado (Vid Fallos: 330:2429).

De tal suerte, la orden e incorporación de la constancia actuarial obrante a fs. 7vta., posterior a la acción entablada y anterior al rechazo in limine dispuesto, escapa del supuesto contemplado en el art. 10 de la Ley Nº 119
23.098. Así es: lo actuado importaba poner en marcha el trámite especial de que se trata, esto es -específicamente- la realización de la audiencia oral prevista en el art. 14, con la intervención de todas las partes involucradas en el reclamo en trato, lesionando de tal suerte las garantías de debido proceso y defensa en juicio, en resguardo de los derechos que se alegan conculcados, a los fines de que -con la garantía de la inmediación- se diese lugar a la posibilidad de esclarecimiento de la condición del ocurrente.

Sobre el extremo, se sostiene doctrinariamente que "[1]a desestimación constituye un supuesto de rechazo in limine cuando la presentación claramente no configure ninguno de los presupuestos que prevé la ley" [y que] "-se trata de un mecanismo expeditivo para concluir con los hábeas corpus notoriamente inconducentes lo cual es comprensible dentro de un procedimiento rápido y comprimido" (conf. Ledesma, Angela Ester, "Juicio de hábeas corpus", la. Edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2014, pág. 137)".

En esa línea, también se predica que: "[1]a elevación en consulta está reservada a los casos de desestimación 'in limine' y no de rechazo del habeas corpus al cabo de su trámite-" [y que] "-es inaplicable en cuanto ya ha sido impulsada la investigación o adoptadas las medidas propiciadas por el denunciante" (Manigot, Marcelo A., "Ley Nº 23.098 sobre habeas corpus comentada y anotada", parte II, en Jurisprudencia Penal de Buenos Aires, tomo 66, año XVII, pág.357).

En idéntico sentido se expidió esta Sala en las causas CCC/2433/2014/CFC1, caratulada: "Vázquez, Gabriel Mariano s/recurso de casación", reg. nº 734/14, rta. 9/5/14, causa CCC 3238/2014/CFC1, caratulada: "Robles, Fabio Adrián s/recurso de casación" reg. nº 1420/14, rta. 16/7/2014, causa CCC 56909/14/CFC1, caratulada: "Gutierrez, Alejandro s/recurso de casación", reg. n52 2563/14, rta. 16/12/14 y causa FCT 5447/2016/CA1/CFC1, caratulada: "López, Teodoro s/recurso de casación", reg. ng 361/17, rta. 4/4/2017".

Las apuntadas falencias del trámite brindado a la acción de hábeas corpus, conllevan la nulidad de lo resuelto en primera instancia y de lo actuado en consecuencia.

Ex abundantia, interesa señalar que el art. 14 de la ley citada, en relación a la audiencia oral, dispone en el último pasaje que: "[lja audiencia comenzará con la lectura de la denuncia y el informe. Luego el juez interrogará al amparado proveyendo en su caso a los exámenes que correspondan. Dará oportunidad para que se pronuncien la autoridad requerida y el amparado, personalmente o por intermedio de su asistente letrado o defensor".

En consecuencia, postulo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación, sin costas, anular la decisión de fs.

23/25vta. y todo lo actuado en consecuencia y, por la celeridad que el caso impone -con la debida comunicación a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia- remitir la causa al Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel a fin de que se imprima el correspondiente trámite.

Tal, mi voto.

La señora jueza doctora Ana María Figueroa dijo:

Que en atención a las particulares circunstancias verificadas en el presente expediente, en el cual se han incorporado constancias a consecuencia de la acción de habeas corpus interpuesta, corresponde que de manera previa a resolver acerca de la procedencia o no de ésta, y como modo de resguardar los derechos del amparista, se realice la audiencia que prevé el art. 14 de la Ley Nº 23.098

Una vez ella sustanciada, en resguardo de la garantía prevista en el art. 18 de la CN, y se hayan analizado los motivos alegados de agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad de Francisco Facundo Jones Huala, corresponde que el juez de la presente acción se expida nuevamente.

Por lo expuesto y compartiendo las consideraciones efectuadas por el señor juez Slokar en el voto que encabeza este acuerdo, me expido en idéntico sentido al que allí propone.

Tal es mi voto.

La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:

En las particulares circunstancias, entiendo que la adecuada solución del caso requiere la realización de la audiencia prevista en la ley de hábeas corpus con el fin de garantizar el derecho de defensa, la oralidad y la contradicción desde el origen; que además permite el necesario resguardo del derecho al recurso (art. 8.2.h, CADH) en relación a la decisión que eventualmente se adopte.

Es virtud de lo expuesto, adhiero a la solución propuesta por el doctor Slokar.

Tal es mi voto.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal por unanimidad, RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, sin costas, ANULAR la decisión de fs. 23/25vta. y todo lo actuado en consecuencia y, por la celeridad que el caso impone -con la debida comunicación a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia- REMITIR la causa al Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel a fin de que se imprima el correspondiente trámite.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y cúmplase con la remisión ordenada, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Angela Ester Ledesma – Alejandro W. Slokar – Ana María Figueroa


Corte Suprema de Justicia de la Nación / Acosta, Leonel I. s/Impugnación de Precandidatos Elecciones Primarias - Frente Justicialista Riojano (22/08/2017)

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